Una nueva y feroz embestida comenzó este lunes en las delegaciones de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). Bajo la fachada de una "auditoría nacional", las autoridades ordenaron 7 despidos por delegación, lo que dejará en la calle a cerca de 100 trabajadores en todo el país.

Esta alarmante situación no es nueva. Se suma a una larga lista de persecuciones que comenzó en enero de 2026, cuando el secretario general de UATRE, José Voytenco, echó a 200 empleados opositores durante su breve control de la obra social (gracias a un fallo luego revocado del juez Sebastián Casanello). Con otros 50 despidos acumulados en el año, la gestión actual ya acumula más de 350 familias en la calle.

• Aumento de la deuda: La convivencia entre el Gobierno y el gremio disparó los pasivos de la obra social.
• Plan de liquidación: Fuentes internas documentan que ambas partes acordaron llevar a OSPRERA a una especie de quiebra. El sector de la salud privada se quedaría con el negocio grande, mientras que Voytenco retendría una pequeña porción para UATRE.
• Violación de decretos: Esta alianza ignora las órdenes del Poder Judicial y viola el propio Decreto 1045/2025 de "Buenas Prácticas de Intervención" dictado por Milei, el cual exige separar los vínculos entre los sindicatos y las obras sociales. La intervención actual del Dr. Lococo, nombrada por decreto presidencial, actúa en perfecta sintonía con el gremialista.

Sueldos VIP y "premios" a los echados

Mientras los servicios médicos están totalmente cortados y la obra social se llena de amparos judiciales de afiliados desesperados, la caja de OSPRERA se usa para pagar favores políticos y sueldos millonarios a los "fieles lacayos" de la conducción:

• María Laura Tochi (Gerenta General): Fue la abogada patrocinante de Voytenco que exigió a la Justicia la devolución de la obra social a finales de 2024. Hoy, desde su cargo, genera contrataciones de asesores letrados con sueldos escandalosos de 6.500.000 pesos.
• Mariano Santander (Delegado PBA): Había sido echado por el Poder Ejecutivo en 2025 con una indemnización de 120 millones de pesos. Al mismo tiempo, cobra como empleado en el Ministerio de Gobierno de Axel Kicillof. Hoy, Voytenco lo volvió a nombrar para administrar Buenos Aires, a pesar de tener una imputación penal en las fiscalías de La Plata por abandono de persona e incumplimiento de mandas judiciales, tras la denuncia de un afiliado.
• El caso Santiago del Estero: El delegado regional de UATRE en esa provincia (hermano de la secretaria nacional de prensa, Carolina Llanos) corrió la misma suerte: fue echado e indemnizado en enero de 2025, y vuelto a nombrar en funciones en enero de 2026.

El rol de Recursos Humanos y el conflicto de intereses

La encargada de ejecutar la actual "purga" de trabajadores es María Belén Piedras, gerenta de Recursos Humanos de OSPRERA. Designada en enero por el sector de Voytenco, Piedras tuvo que pedir una licencia en UATRE en mayo de 2026 debido al evidente e insostenible conflicto de intereses que significaba estar en los dos lados del mostrador. Sin embargo, desde el entorno de los trabajadores aseguran que esta licencia es una "pantalla" que no subsana la ilegalidad de sus actos.

Sin servicios, pero con la mesa servida

OSPRERA, la tercera obra social más importante de la Argentina, se encuentra hoy virtualmente vaciada. No hay prestaciones básicas para los peones rurales, pero la caja millonaria para mantener los privilegios de la cúpula sigue intacta.

El discurso anticasta de Javier Milei parece detenerse en las puertas de la obra social de los rurales, donde el Presidente y José Voytenco siguen compartiendo la misma mesa, a costa de la salud de los afiliados y el trabajo de cientos de argentinos.