Impulsaron un anteproyecto de ley que propone limitar a cinco viviendas residenciales por municipio o comuna la cantidad que puede acumular un mismo fondo de inversión y sus sociedades vinculadas. Las unidades que superen ese tope podrían quedar sujetas a una venta forzosa en subasta pública si la iniciativa llegara a convertirse en ley.

La propuesta de Ignacio Zavaleta apunta a regular lo que define como “acaparamiento múltiple” o bulk buying, es decir, la compra concentrada de inmuebles con capacidad para influir sobre la oferta y los precios. También busca prohibir los denominados “auto alquileres” y “auto ventas” entre compañías de un mismo grupo cuando esas operaciones sean utilizadas para fijar valores artificiales.

El anteproyecto establece además un Registro Público de Beneficiarios Finales bajo la órbita de la IGJ y la CNV. Las sociedades alcanzadas deberían informar a las personas humanas que tengan, directa o indirectamente, al menos el 10% del capital o de los derechos de voto.

Las sanciones previstas van desde multas equivalentes al 10 por ciento y hasta el 50 por ciento del valor de los activos involucrados hasta la obligación de vender en un plazo máximo de 180 días las propiedades que excedan los límites. El dinero obtenido por esas subastas sería destinado, según el texto, a un Fondo Nacional para el Crédito Hipotecario Social.

La iniciativa también alcanza al mercado de alimentos y commodities. Propone impedir el acopio especulativo por parte de fondos no vinculados a la producción cuando administren más del 3 por ciento de la producción anual nacional del producto correspondiente.

En sus fundamentos, Zavaleta sostiene que la compra masiva de bienes esenciales puede desplazar a las familias del mercado tradicional y distorsionar precios. El texto menciona a BlackRock, Vanguard y State Street como ejemplos de grandes fondos institucionales dentro del fenómeno global que busca regular.