Ignacio Zavaleta elevó al Congreso de la Nación una propuesta para limitar la compra masiva de viviendas por parte de fondos de inversión y sancionar prácticas destinadas a alterar artificialmente alquileres y precios. La petición fue fechada el 30 de agosto en Laguna Alsina, partido de Guaminí, y dirigida al Senado para solicitar el tratamiento de una Ley de Defensa de la Economía Real.

El planteo apunta al avance de grandes vehículos financieros sobre viviendas y otros bienes esenciales. El documento menciona a BlackRock, Vanguard y State Street al describir el fenómeno global y sostiene que la acumulación puede desplazar a compradores particulares, reducir la oferta disponible y convertir propiedades residenciales en activos destinados principalmente a obtener rentabilidad.

Entre los puntos difundidos aparece un tope de cinco viviendas residenciales por municipio o comuna para fondos y sociedades vinculadas. También propone castigar los denominados “auto alquileres” y operaciones entre empresas del mismo grupo utilizadas para construir valores de referencia artificiales, además de crear un registro que permita conocer quiénes son las personas detrás de cada estructura societaria. El anteproyecto técnico contempla límites a la concentración, prohibiciones sobre transacciones vinculadas y transparencia obligatoria de beneficiarios finales.

La propuesta difundida por Zavaleta incluye además multas de hasta el 50 por ciento del valor del activo, inhabilitaciones por diez años y mecanismos de desinversión mediante venta forzosa para los casos alcanzados por las sanciones. En la presentación ante el Senado también solicitó regímenes tributarios disuasivos para viviendas mantenidas ociosas con fines especulativos.

El planteo no se limita a las propiedades. Otro documento advierte sobre posibles maniobras de acaparamiento y especulación en materias primas, alimentos e insumos estratégicos, y propone utilizar herramientas de defensa de la competencia para actuar frente a distorsiones de precios y concentración.

En paralelo, Zavaleta elaboró otro anteproyecto para tipificar penalmente las granjas de bots y la manipulación algorítmica. Allí se proponen penas de dos a seis años para quienes financien o administren estructuras destinadas a interferir en elecciones o propagar desinformación, elevadas de cuatro a ocho años cuando intervengan funcionarios o recursos estatales.