El intendente de Allen, Marcelo Román, regresará al poder después de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) declarara nula la suspensión dispuesta por el Concejo Deliberante. El fallo reconfigura el tablero municipal, pero está lejos de cerrar la crisis política: el jefe comunal libertario anunció que revisará las decisiones adoptadas durante el interinato y anticipó posibles denuncias penales contra los ediles que buscaron apartarlo.

“No ganó un intendente. Ganó la democracia, ganó la verdad y ganaron cada uno de ustedes, quienes con su voto soberano eligieron un destino de trabajo y transparencia para nuestra comunidad”, escribió Román en sus redes sociales luego de conocer la resolución judicial.

El dirigente de La Libertad Avanza presentó la resolución como una victoria definitiva contra sus adversarios y acusó a seis concejales de haber intentado ejecutar un “golpe institucional”. La respuesta dejó en evidencia que su retorno no estará marcado por la búsqueda de acuerdos, sino por una ofensiva política y judicial contra quienes promovieron su suspensión.

“La máxima autoridad judicial de la provincia no solo me da la razón, sino que desnuda, expone y condena el accionar de seis concejales que decidieron pisotear la Constitución, violar las leyes y traicionar al pueblo”, lanzó el intendente, quien prometió volver al despacho municipal con “el doble de energía”.

Román había sido suspendido por el Concejo Deliberante en medio de una causa en la que se lo investiga por presunto peculado. Su lugar fue ocupado interinamente por Fabián Figueroa, mientras la disputa institucional escalaba hasta llegar al máximo tribunal de Río Negro.

La decisión del STJ anuló la suspensión, pero no borra los cuestionamientos políticos y judiciales que rodean a la gestión municipal. Tampoco resuelve el proceso de revocatoria impulsado por vecinos de Allen, que logró avanzar formalmente con la presentación de miles de firmas.

Lejos de bajar el tono, Román acusó a los concejales de querer quedarse “en un escritorio” con aquello que no consiguieron en las urnas. “Quisieron gobernar a la fuerza, dándole la espalda a la gente”, expresó, al tiempo que vinculó la maniobra con “intereses oscuros” y con el temor de algunos sectores a perder privilegios.

El intendente también confirmó que revisará cada una de las decisiones administrativas adoptadas durante el interinato. Esa advertencia abrió un nuevo foco de incertidumbre dentro del municipio, donde funcionarios y empleados esperan conocer si habrá desplazamientos, anulaciones de actos administrativos o cambios en las principales áreas de gobierno.

Además, Román evalúa avanzar penalmente contra los seis concejales que impulsaron y votaron la ordenanza que dispuso su suspensión. “Su aventura ilegal ha terminado. La Justicia civil y republicana ha puesto las cosas en su lugar”, sostuvo, en un mensaje que sonó más a una declaración de guerra que a una convocatoria para recomponer la institucionalidad.

El regreso del jefe comunal libertario amenaza con profundizar una interna que mantiene paralizada la agenda política de Allen. Mientras Román celebra la resolución como una reivindicación personal, la oposición sostiene sus cuestionamientos y el municipio queda atrapado entre denuncias, amenazas judiciales y una pelea por el control del poder.

“El tiempo del atropello terminó; ahora empieza la reconstrucción”, sentenció Román. Sin embargo, su retorno encuentra una ciudad partida, un Concejo Deliberante enfrentado y una revocatoria todavía latente. La batalla por la Intendencia cambió nuevamente de manos, pero la guerra política de Allen recién comienza.