Virginia Aparicio fue notificada de su exoneración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El documento, fechado el 30 de octubre, confirma la Resolución RESOL-2026-366-APN-CDINTA, establece que perdió su condición de empleada y la intima a retirarse de la unidad donde trabajaba.

Al firmar, la investigadora dejó constancia de su disconformidad. Cuestionó que la resolución no estuviera debidamente fundada y advirtió sobre las dificultades para ejercer su derecho de defensa. Su abogado, Mario Bolla, recibió la notificación formal y tiene 20 días para presentar recursos de reconsideración.

La resolución le aplica la exoneración por la violación de las prohibiciones del artículo 24, incisos e) e i), de la ley marco de empleo público. Entre los argumentos, el INTA objeta que haya dado participación a José Luis Costa, investigador retirado y conviviente de Aparicio. Se trata de la única exoneración registrada en los 70 años de historia del organismo.

Aparicio trabajó en el proyecto SPRINT, junto a instituciones europeas y argentinas, que estudió la presencia de sustancias químicas en muestras humanas y ambientales. La investigación analizó sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios argentinos, y sus resultados sobre la presencia de glifosato reabrieron la discusión sobre la exposición a plaguicidas.

Gremios como APINTA y ATE Conicet rechazaron la medida y la calificaron de desproporcionada, mientras que para su defensa la sanción busca disciplinar a otros investigadores. Hasta el momento, sin embargo, no hay pruebas públicas que permitan afirmar que la exoneración haya sido una represalia por los resultados sobre plaguicidas.