El senador Wado de Pedro (Unión por la Patria) busca volver al Consejo de la Magistratura, el organismo responsable de administrar la Justicia federal y de seleccionar a jueces y fiscales. La ambición del legislador reavivó una discusión que lleva más de diez años abierta: a lo largo de ese período, varios lugares del Consejo fueron ocupados por parientes y dirigentes vinculados a él, un grupo al que los medios especializados denominan “clan judicial de Mercedes”, por la ciudad bonaerense donde nació buena parte de sus integrantes.

Los consejos de la magistratura concentran un poder decisivo y alejado de los reflectores: pueden sancionar, suspender e incluso promover juicios políticos contra jueces. Por eso, especialistas de distintos espacios coinciden en que la identidad de quienes ocupan esos asientos resulta fundamental para explicar tanto los problemas del Poder Judicial como los episodios de impunidad que atraviesan la política argentina.

Las críticas se apoyan en hechos puntuales. En marzo de 2020, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral resolvió el sobreseimiento de De Pedro en una causa que analizaba presuntas irregularidades en los viáticos rendidos durante su paso por la Secretaría General de la Presidencia (2013-2015). En ese momento, Canicoba Corral enfrentaba investigaciones en el propio Consejo de la Magistratura, donde los consejeros Gerónimo Ustarroz y Vanesa Siley, señalados por la prensa como piezas del grupo mercedino, respaldaron la suspensión de esos expedientes.

Meses antes, en diciembre de 2019, la jueza federal María Servini de Cubría había sobreseído a De Pedro, Máximo Kirchner y Andrés “Cuervo” Larroque en un desprendimiento de la causa de los “Cuadernos de la Corrupción”, a partir de dictámenes del fiscal Jorge Di Lello que ponían en duda la validez de las pruebas. En julio de 2021, el Consejo incorporó al hijo de la magistrada, Juan Carlos Cubría, a la Comisión de Acusación y Disciplina, con la intervención visible de Ustarroz y Siley.

Uno de los episodios más mencionados por quienes cuestionan al grupo es la trayectoria del fallecido juez Claudio Bonadio. Entre 2016 y 2018, el magistrado investigó a De Pedro por presuntas irregularidades cometidas en la función pública y, en 2019, lo sobreseyó en el marco de la causa de los Cuadernos. Durante ese período, Bonadio recibió múltiples denuncias y pedidos de evaluación disciplinaria presentados desde el Consejo por Ustarroz, Siley y Andrés Recalde, quienes lo acusaban de actuar con parcialidad y de excederse en sus competencias.

La influencia del grupo no se limita al organismo nacional. Santiago Révora, también nacido en Mercedes, integra el Consejo de la Magistratura bonaerense, mientras que en el ámbito porteño operan los hermanos Lima, familiares políticos del senador.

Según sus detractores, el control de esas bancas durante más de diez años dibuja un sistema de presión sobre los tribunales y de cobertura para jueces afines. “Los consejos de la magistratura son la raíz de la corrupción y las falencias en los asuntos públicos”, aseguran fuentes del ámbito judicial consultadas, que colocan a quienes imparten justicia en un segundo eslabón de responsabilidad y a la política, aunque concentra la mayor atención mediática, en un tercero.

El entorno de De Pedro se mantiene al acecho en el tablero de ajedrez judicial: el senador no quiere perder la partida, mientras que la familia Mahiques busca, hasta último momento, protección en los sillones que ahora disputa.