Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía solicita que se investigue al juez Santiago Guillermo Arrondo, titular del Juzgado de Familia número 2 de Olavarría, por presuntas irregularidades en el marco de una causa de abrigo. La presentación también menciona a dependientes judiciales y asesores de incapaces, a quienes les atribuye posibles responsabilidades en distintos hechos denunciados.

El escrito fue impulsado por la abogada Mónica Graciela Miracola, quien actúa como representante de los progenitores involucrados. En la denuncia se mencionan presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad, estafa procesal, coacción agravada y otros hechos que, según la presentación, habrían derivado en la separación de dos niños de su grupo familiar.

Entre los principales argumentos, la denunciante sostiene que las resoluciones judiciales habrían estado basadas en información que considera falsa respecto de estudios toxicológicos realizados a los menores. Además, cuestiona actuaciones médicas y administrativas desarrolladas durante el proceso y solicita que se incorporen historias clínicas, informes psicológicos y demás documentación como prueba dentro de la investigación.

Como parte del petitorio, la presentación reclama que se adopten medidas cautelares para el reintegro de los niños a sus padres, el secuestro de documentación clínica y la remisión de antecedentes a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la Procuración General para que evalúen la actuación de los funcionarios señalados. Hasta el momento, la denuncia constituye la posición de la parte denunciante y corresponde a la Justicia determinar el curso de la investigación y las eventuales responsabilidades.