Una denuncia advierte sobre un presunto esquema ilegal en el sistema penitenciario de General Pueyrredon, donde presos con condenas muy altas accederían a certificados de cursos a cambio de dinero, con el objetivo de reducir sus penas y obtener beneficios.

Según la acusación, los internos pagarían entre 2500 y 5000 dólares para conseguir estos certificados, que luego serían utilizados para recortar entre seis meses y un año de condena, además de acceder a salidas transitorias.

El señalamiento apunta a un entramado entre detenidos y actores vinculados al sistema educativo. En ese marco, se menciona a Sebastián Elías, de la jefatura distrital del Ministerio de Educación bonaerense en General Pueyrredon, a Susana Romero, integrante de la misma cartera, y al Patronato de Liberados, como quienes, según la denuncia, estarían involucrados en el cobro del dinero.

De acuerdo a lo expuesto, el presunto mecanismo funcionaría en servicios penitenciarios que dependen del distrito de General Pueyrredon, donde estos certificados tendrían impacto directo en la ejecución de las penas.