El escándalo por viviendas de Campana sumó ahora un capítulo que golpea directamente al ejercicio del periodismo. Esteban Ferrar, quien viene publicando las denuncias de Sonia Vidal y documentación administrativa vinculada con su propiedad, recibió una carta documento que, según explicó, pretendía que retirara contenidos de internet bajo advertencia de posibles acciones judiciales.

La investigación parte del caso de Vidal, quien sostiene ser la propietaria original de una vivienda ubicada en Isla Soledad 407. Según la documentación aportada, firmó un boleto de compraventa en 2004 y años después obtuvo autorización de la Asesoría Letrada municipal para alquilar el inmueble, debido a que ya había transcurrido el plazo de cinco años establecido inicialmente.

Vidal denunció posteriormente que los inquilinos dejaron de pagar y permanecieron en la propiedad. También declaró judicialmente que un comisario retirado que había actuado como garante habría viajado hasta Mar del Plata y la habría amenazado con la frase “Vas a terminar como Alfonsina en el mar”. Se trata de una acusación formulada por la denunciante y deberá ser determinada por la Justicia.

El entramado alcanza además al actual director de Abordaje Territorial de Campana, Gabriel Panno, señalado por denunciantes en otros conflictos por viviendas, y al intendente Sebastián Abella, a cuya administración le reclaman explicaciones políticas sobre las actuaciones municipales. Las acusaciones no implican responsabilidades judicialmente acreditadas.

En ese contexto, Hernán Antonio Gazal envió una carta documento a Ferrar cuestionando las publicaciones. El periodista respondió rechazando la intimación y sostuvo que sus notas reproducen una fuente identificada, una entrevista sin edición y documentación relacionada con asuntos de interés público.

Ferrar remarcó además que no realizó una imputación delictiva propia contra quien envió la misiva. En su contestación sostuvo que el trabajo se encuentra amparado por los estándares de libertad de expresión y rechazó eliminar los informes.

El conflicto deja ahora una pregunta política abierta en Campana. Mientras las denuncias sobre las viviendas siguen atravesando expedientes administrativos y judiciales, desde distintos sectores reclaman que el Concejo Deliberante pida informes y que Abella y Panno expliquen qué ocurrió con las propiedades involucradas, en lugar de que la discusión termine trasladándose contra quienes publican la documentación.