Daniela Cali, trabajadora del Concejo Deliberante de San Isidro, pidió la recusación del fiscal Martín Otero y solicitó que su denuncia penal pase a otra fiscalía. El planteo llegó después de que el área de Denuncias de la Fiscalía General de San Isidro le informara que la causa había sido sorteada y enviada a la UFIJ número 12 descentralizada de San Fernando.

Según trascendió, Cali sostiene que hay circunstancias que podrían generar dudas sobre la imparcialidad de la investigación. El pedido, de todos modos, no implica que el fiscal haya sido apartado: la decisión quedará en manos de las autoridades judiciales competentes.

Uno de los antecedentes que se pondrán sobre la mesa es la intervención de Otero en la causa por la muerte de Natacha Jaitt. En marzo de 2024, junto con Lida Osores Soler, firmó el archivo de ese expediente al concluir que las pruebas no permitían sostener la existencia de un delito, aunque esa resolución no constituye por sí misma una prueba de parcialidad.

La denuncia de Cali, que tiene casi 14 años de antigüedad en el organismo, busca investigar presuntos hechos de acoso sexual, hostigamiento laboral y abuso de poder. Allí apunta contra el exconcejal Pablo Fontanet, a quien atribuye conductas de contenido sexual, y asegura que tras negarse a sus insinuaciones habría sufrido represalias laborales y económicas.

Además, la trabajadora afirmó públicamente que el exintendente Gustavo Posse y el actual jefe comunal, Ramón Lanús, habrían estado al tanto de la situación. Esas afirmaciones forman parte de su testimonio y deberán ser analizadas por la Justicia, que todavía no se expidió sobre la veracidad de las acusaciones ni sobre responsabilidades penales.