El Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires cuestionó duramente un proyecto impulsado por el legislador Juan Osaba que propone cambios en el sector inmobiliario. Desde la entidad advirtieron que la iniciativa podría fomentar estafas y poner en riesgo miles de puestos de trabajo.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su enérgico rechazo a un proyecto impulsado por el bloque libertario en la Legislatura bonaerense que busca modificar las reglas del mercado inmobiliario. Desde la entidad advirtieron que la iniciativa, presentada por los diputados Juan Osaba y Sebastián Pareja, desprotege a los consumidores, debilita la profesión y abre la puerta a maniobras irregulares.

El presidente de Martilleros BA, Luis Eusebio Colao, criticó con dureza la propuesta y sostuvo que el texto "roza con lo ignaro y lo obsoleto". Según el dirigente, bajo el argumento de "desregular el mercado inmobiliario", la iniciativa equipararía el rol de un profesional universitario matriculado con cualquier persona física o jurídica sin habilitación formal.

"El proyecto intenta igualar a quienes estudiaron una carrera, se capacitan y cumplen con normas éticas y legales, con personas sin formación ni matrícula profesional", advirtió Colao.

Uno de los aspectos que más preocupación generó en la entidad es la modificación propuesta sobre el artículo vinculado a infracciones y sanciones. Según explicó Colao, el nuevo texto excluiría de multas y penalidades a quienes intervengan en operaciones inmobiliarias sin contar con título de martillero o corredor público.

"Se legaliza la ilegalidad", afirmó el presidente de Martilleros BA, y alertó que una medida de este tipo podría derivar en un aumento de estafas inmobiliarias, operaciones informales, intermediación sin control y mayor inseguridad jurídica para compradores y vendedores. Desde el Colegio sostienen que eliminar los mecanismos de supervisión profesional afectaría directamente la transparencia de la actividad.

Otro de los ejes del rechazo está vinculado al impacto laboral. Desde Martilleros BA aseguran que la actividad inmobiliaria genera empleo directo e indirecto para más de 200.000 familias en territorio bonaerense. Según la entidad, una desregulación profunda podría precarizar el trabajo profesional, debilitar las inmobiliarias formales, reducir los estándares de calidad y favorecer la competencia desleal.

Colao remarcó que detrás de cada operación inmobiliaria existe una estructura laboral que involucra corredores, martilleros, administrativos, asesores y personal vinculado a la actividad.

El proyecto impulsado por Osaba junto con la agrupación La Púrpura se enmarca dentro de la agenda libertaria de reducción de regulaciones estatales. Sus promotores argumentan que flexibilizar el mercado podría reducir costos y ampliar la oferta de servicios inmobiliarios.

Sin embargo, desde el Colegio bonaerense aseguran que el problema no es la competencia, sino la ausencia de controles. "La desregulación total no genera libertad, sino un terreno fértil para abusos y fraudes", sostuvieron.

La Púrpura es la agrupación política de La Libertad Avanza orientada específicamente a los colegios profesionales de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo es incidir en estas instituciones (abogados, martilleros, ingenieros y médicos), que son vistas como espacios de formación de opinión y ámbitos con elecciones democráticas internas.

A través de esta agrupación, Sebastián Pareja está construyendo estructuras en varios departamentos judiciales para participar en las elecciones internas de los colegios de martilleros y así lograría ganar terreno en su armado político, asegurándose además de fortalecer futuras listas con candidatos formados.

Los martilleros interpretan esta presencia como una injerencia directa. Mientras La Púrpura busca avanzar en las elecciones internas de los colegios, los diputados libertarios presentan iniciativas que reducen el rol y la obligatoriedad de la matrícula.

Mientras el proyecto comienza a generar discusión en la Legislatura provincial, el sector profesional advierte que cualquier modificación normativa debe contemplar un aspecto central: garantizar seguridad jurídica y transparencia en operaciones que suelen involucrar el mayor patrimonio de una familia, su vivienda.

El rechazo de los martilleros bonaerenses reavivó el debate sobre cuál debe ser el equilibrio entre libre mercado y protección al consumidor dentro del negocio inmobiliario.