Una vecina de Campana denuncia que perdió el control de una vivienda que le había sido adjudicada oficialmente y que, más de diez años después, todavía no logró recuperarla. Sonia Elvira Vidal sostiene que parte del inmueble sería utilizada actualmente por Gabriel Panno, exconcejal oficialista y actual director de Asuntos Territoriales del municipio que conduce Sebastián Abella.

La historia se remonta al 11 de diciembre de 1998, cuando Vidal fue seleccionada como titular preadjudicataria de una vivienda del Plan Provincial Solidaridad en el barrio Héroes de Malvinas II. El 6 de julio de 2004 firmó el boleto de compraventa con la Municipalidad de Campana, que incluía una prohibición de transferencia por cinco años.

Años después, por cuestiones de salud, Vidal debió trasladarse a Mar del Plata y solicitó autorización municipal para alquilar la propiedad. Según la documentación que aporta, el expediente pasó por Vivienda y Asuntos Legales y el 13 de febrero de 2012 el propio Municipio concluyó que el plazo de cinco años ya había vencido y que podía accederse al alquiler.

El contrato finalmente se concretó, pero al concluir, según la denunciante, los ocupantes no devolvieron el inmueble. Vidal sostiene que Hernán Antonio Gazal habría permanecido en la vivienda principal, mientras que el local comercial ubicado en la esquina sería utilizado por Jorge Gabriel Panno, funcionario del Ejecutivo municipal.

La mujer también formuló una acusación de extrema gravedad contra el garante del contrato. Asegura que habría viajado hasta Mar del Plata y la amenazó de muerte con la frase “vas a terminar como Alfonsina en el mar” para que abandonara sus reclamos. Se trata de una denuncia cuya existencia y eventuales responsabilidades deberán ser determinadas judicialmente.

El conflicto sumó además interrogantes por el suministro eléctrico. Vidal aportó registros en los que el servicio figuraría a nombre de Gazal y exhibía una deuda de 528.572,04 pesos por junio, julio y agosto de 2026. Según su versión, esas facturas habrían sido pagadas rápidamente luego de que el caso comenzara a hacerse público.

La denunciante cuestiona también cómo pudo realizarse un cambio de titularidad del medidor sin un contrato vigente y quién afrontó finalmente esos consumos. Sostiene que la deuda y la situación de los servicios forman parte de un problema mayor relacionado con el uso de una propiedad cuya restitución continúa reclamando.

El caso podría no ser el único. Vidal y vecinos aseguran que otras personas habrían perdido viviendas o locales comerciales en situaciones similares, y mencionan especialmente a un veterano de la Guerra de Malvinas que también reclamaría una propiedad correspondiente al mismo plan habitacional. Esas afirmaciones requieren ser investigadas individualmente antes de establecer si existe un patrón común.

También sostienen que algunas de las personas que permanecen en estos inmuebles poseen un nivel económico incompatible con una situación de vulnerabilidad y señalan viajes al exterior exhibidos públicamente. En el caso de Vidal, reclaman además que se calcule el eventual lucro cesante acumulado durante más de una década sin percibir alquiler.

La dimensión política aparece porque Panno forma actualmente parte de la estructura municipal. Vidal afirma que realizó múltiples reclamos y que vecinos incluso llevaron la situación ante el intendente Sebastián Abella, sin obtener hasta ahora una solución efectiva.

La denuncia abre así dos planos diferentes. La Justicia deberá establecer si existieron delitos, amenazas u ocupaciones ilegítimas, mientras que el Municipio deberá explicar qué conocimiento tuvo del expediente, qué controles realizó y qué medidas tomó frente a las acusaciones que involucran a uno de sus funcionarios.