Un proyecto presentado ante la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires busca endurecer los controles sobre los anuncios e inauguraciones de obra pública en períodos electorales. La iniciativa fue elevada por Ignacio Alberto Zavaleta, vecino del partido de Guaminí, y apunta a regular la publicidad institucional, la transparencia y la responsabilidad en la ejecución de infraestructura provincial y municipal.

Uno de los puntos centrales propone establecer una veda de 90 días antes de cualquier elección provincial o municipal para promocionar, inaugurar, presentar maquetas o difundir obras públicas. El planteo amplía considerablemente el plazo de 25 días contemplado actualmente por el artículo 64 quater del Código Electoral Nacional para determinados actos oficiales previos a elecciones.

El texto también exige que cualquier anuncio esté respaldado por una declaración jurada firmada por el funcionario responsable y su superior jerárquico, donde consten la disponibilidad presupuestaria, la factibilidad técnica y los plazos previstos. Además, los proyectos, licitaciones y adjudicaciones deberían atravesar previamente controles legislativos o de los Concejos Deliberantes, según corresponda.

La propuesta incorpora además sanciones personales para quienes incumplan las reglas. Entre ellas aparecen multas sobre los haberes del funcionario e inhabilitación para ejercer cargos públicos de dos a seis años, una diferencia respecto del esquema actual que, según los fundamentos, suele terminar en medidas electorales sin consecuencias patrimoniales directas.

Zavaleta fundamentó la iniciativa en lo que considera un uso recurrente de la obra pública como herramienta electoral, con anuncios sin respaldo presupuestario, actos, maquetas y aperturas apresuradas antes de las votaciones. “Las obras se ejecutan y se terminan, no se escenifican para juntar votos”, sostiene uno de los documentos que acompañan el proyecto.

En la presentación formal también solicitó que el proyecto sea ingresado, reciba número de expediente y sea girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, Obras Públicas y Presupuesto e Impuestos para su análisis. Los documentos aportados no acreditan todavía que ese trámite parlamentario haya sido concretado.