Hay espacios públicos donde un intendente puede repartir culpas o responsabilizar a terceros. El cementerio municipal no es uno de ellos. Allí no hay empresa privada ni consorcio que sirva de excusa: lo que ocurre en ese predio es responsabilidad directa e intransferible del gobierno del intendente Francisco Ratto. Y la situación es grave.
La primera entrada ilegal terminó con el robo del teléfono celular de un empleado del lugar; la segunda, entre la noche del viernes 6 de noviembre y la madrugada del sábado 7, dejó puertas y rejas destrozadas. La respuesta oficial fue tan nula que la coordinadora del cementerio, Anahí López, tuvo que llevarse las computadoras a su domicilio particular, porque el sitio no ofrece condiciones mínimas de seguridad.
Hoy la necrópolis se administra con la computadora personal de una trabajadora. López viene pidiendo desde hace tiempo medidas elementales, como elevar los paredones perimetrales y reducir los accesos a uno solo, pero nadie tomó cartas en el asunto. Ni siquiera se formalizó la denuncia por los robos: la Policía labró un acta y el expediente quedó en el limbo donde esta gestión archiva todo lo que le incomoda.
Hasta el momento no hubo declaraciones del intendente ni del secretario de Seguridad, Ramón Ojeda. Los vecinos reclaman que el mantenimiento cotidiano que pagan con sus tasas no se estaría realizando. La oposición lleva años señalando esta asimetría, y los números alimentan la crítica: el Tribunal de Cuentas observó más de 585 millones de pesos liquidados de manera irregular en el ejercicio 2024, con responsabilidad apuntada al propio jefe comunal. Ante este escenario, resulta lógico preguntarse cómo es posible que el cementerio termine administrándose desde el domicilio de una empleada.
La preocupación creció cuando se viralizó la imagen de la bóveda histórica derrumbada, exhibida sin cerco ni señalización meses después del colapso. Los vecinos plantearon con crudeza lo que consideran necesario: depositar los féretros y las urnas a resguardo, notificar a los herederos, vallar la zona y retirar la mampostería rota. Otro residente fue directo: uno cuida el lugar de sus seres queridos, pero al lado todo está abandonado y el municipio no se hace cargo. La gente realiza tareas que le corresponderían al Estado, mientras este, ausente, solo se ocupa de cobrar.
La propia Ordenanza Impositiva 2024 regula y percibe derechos de cementerio: inhumaciones en tierra, bóveda y nicho; traslados; reducción de restos; arrendamiento de sepulturas por diez años, de nichos por quince y de bóvedas por veinticinco; transferencias y obras. Cobrar por un servicio que no se brinda en condiciones adecuadas no parece una cuestión de desidia, sino una decisión de gestión por la que las autoridades deben responder.
El contraste final resulta llamativo. El Archivo Histórico conserva documentación del cementerio desde fines del siglo XIX, con ordenanzas de 1887 y 1899 que regulaban hasta el salario del sepulturero, y en el sector antiguo descansan miembros de la comunidad irlandesa que, entre 1853 y 1901, aportaron mejoras a la agricultura y la ganadería locales.
La gente que construyó Areco reposa hoy en un predio que su propio gobierno no logra mantener. Desatender ese patrimonio no es solo un problema administrativo: implica decidir qué historia se honra y cuál se condena al olvido.
El municipio tiene normas, cobra por el servicio y maneja recursos observados por irregularidades millonarias. Lo único que falta es voluntad política. ¿Qué va a hacer el intendente Ratto? Hasta hoy, todo sigue igual.