El terremoto político finalmente sacudió a Allen. El Concejo Deliberante suspendió este miércoles al intendente Marcelo Román, el único jefe comunal de La Libertad Avanza en Río Negro, luego de que la Justicia avanzara con una investigación por presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta. La decisión fue aprobada por seis votos contra tres y tendrá vigencia hasta que exista una resolución definitiva en la causa penal.

Con la salida provisoria del mandatario libertario, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, referente de la UCR Auténtica, quedará al frente del Ejecutivo municipal. De esta manera, el radicalismo vuelve a gobernar Allen y suma un nuevo municipio bajo su conducción, junto con Guardia Mitre y Darwin.

El desenlace político era esperado desde hacía varias semanas. El avance de la causa judicial, sumado a la revocatoria impulsada por vecinos de la ciudad, había dejado a Román en una situación cada vez más comprometida. La oposición ya contaba con la mayoría necesaria para avanzar con su suspensión apenas se cumpliera el requisito previsto por la Carta Orgánica Municipal.

La sesión comenzó durante la mañana con el tratamiento del dictamen elaborado por el asesor legal del Concejo Deliberante, Néstor Soler, quien concluyó que correspondía aplicar el artículo 109 de la Carta Orgánica luego de la formulación de cargos dispuesta por la Justicia.

Esa normativa establece que, cuando un funcionario electo es imputado en una causa penal y existe intervención del tribunal competente, el Concejo debe resolver si corresponde disponer una suspensión preventiva. También prevé que, en caso de absolución, el funcionario recuperará automáticamente su cargo, mientras que una condena firme implicará su destitución.

En el dictamen jurídico se argumentó que la medida no constituye una sanción anticipada, sino un mecanismo destinado a preservar la investigación judicial. Según el informe, todavía restan declaraciones de empleados municipales y pericias contables solicitadas por la fiscalía y la querella, por lo que la permanencia del intendente podría afectar la producción de pruebas.

Antes de la votación, Marcelo Román difundió una carta pública en la que calificó el proceso como un "golpe institucional" y sostuvo que la oposición buscaba quedarse con el gobierno municipal sin haber ganado las elecciones.

El oficialismo respaldó esa postura durante el debate. Los tres concejales libertarios rechazaron la ordenanza y sostuvieron que el Concejo estaba invadiendo competencias propias del Poder Judicial. Además, advirtieron que la suspensión podría transformarse en un antecedente institucional peligroso si finalmente la Justicia determina la inocencia del jefe comunal.

Del otro lado, la oposición defendió la decisión al sostener que únicamente estaba cumpliendo con las obligaciones previstas por la Carta Orgánica. Concejales de distintas fuerzas remarcaron que el proceso no nació de una decisión política sino del avance de una investigación judicial y afirmaron que la prioridad era preservar la institucionalidad del municipio.

La causa penal que terminó por poner contra las cuerdas a Román tuvo un punto de inflexión el pasado 18 de junio, cuando la jueza de Garantías Natalia González formuló cargos contra el intendente y el empresario Sebastián Ocampo por la compra de un teléfono celular con fondos municipales y su posterior entrega.

Según la hipótesis de la fiscalía, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el Ejecutivo habría adquirido un teléfono celular valuado en 479.999 pesos mediante un plan corporativo contratado por la Municipalidad. El equipo permaneció asociado a una línea telefónica abonada con recursos públicos, generando un gasto total superior a los 596 mil pesos.

La magistrada fijó un plazo inicial de dos meses para continuar la investigación y ordenó nuevas medidas probatorias. Ese escenario fue determinante para que el asesor legal recomendara el apartamiento preventivo del intendente mientras continúan las actuaciones judiciales.

En paralelo, todavía sigue su curso el expediente de revocatoria impulsado por la docente jubilada Silvina Susana Cantero, quien reunió las firmas necesarias para activar el mecanismo previsto en la Carta Orgánica. Aunque ese proceso aún no fue resuelto, el escenario político cambió de manera drástica con la suspensión de Román, que deja a La Libertad Avanza sin su único intendente en Río Negro y abre una nueva etapa en la política de Allen.