La Escuela Primaria 16 de Bariloche se convirtió en otra muestra de cómo un problema concreto puede terminar atrapado entre expedientes, informes técnicos y discusiones entre distintos niveles del Estado. Las familias vienen reclamando desde hace semanas por el deterioro del histórico edificio y, mientras esperan obras que permitan recuperar definitivamente los sectores afectados, las respuestas oficiales continúan concentradas en inspecciones, estudios y notas administrativas.

El problema salió a la superficie a fines de agosto, cuando la aparición de fisuras encendió la alarma dentro de la comunidad educativa. Las grietas obligaron inicialmente a reorganizar cursos y espacios, mientras madres y padres comenzaron a presentar reclamos ante las autoridades provinciales. El Ministerio de Educación sostuvo posteriormente que las evaluaciones realizadas no advertían un riesgo estructural que impidiera utilizar el establecimiento.

Pero para las familias la discusión ya dejó de pasar exclusivamente por determinar si el edificio corre peligro de derrumbe. El reclamo apunta a las condiciones en las que estudian los chicos y a la falta de una solución definitiva. Hubo cursos reorganizados, sectores preventivamente cerrados y una comunidad educativa que incluso salió a cortar la calle Elflein para exigir obras.

La situación llegó ahora al Concejo Municipal, donde madres de alumnos describieron un escenario mucho más complejo que una simple grieta. Denise González, mamá de un estudiante de segundo grado, advirtió sobre la falta de una salida de emergencia en el primer piso, los inconvenientes con los baños y el temor existente entre las familias. Algunas, según relató, directamente comenzaron a retirar a sus hijos del establecimiento.

“Que se haga cargo quien se tenga que hacer cargo, pero ya”, fue el pedido que atravesó la exposición de las familias. La frase resume una situación en la que padres y madres parecen haber quedado en medio de un pase de responsabilidades entre el Gobierno provincial y la Municipalidad.

Lola López, también madre de un alumno, describió además las consecuencias pedagógicas de la crisis edilicia, con cursos que debieron compartir espacios y dificultades específicas para estudiantes con proyectos de inclusión. Durante los primeros días del conflicto llegaron a quedar habilitadas solamente seis de las doce aulas, lo que obligó a establecer un sistema de asistencia alternada.

La Provincia, sin embargo, sostiene que no existe riesgo estructural inmediato. La subsecretaria de Consejos Escolares, Mónica Pouso, informó que ingenieros civiles y estructurales, junto con profesionales de Obras Públicas, inspeccionaron el establecimiento y coincidieron con las evaluaciones preliminares. También se anunciaron estudios especializados y una licitación vinculada con trabajos sobre las cubiertas del edificio.

El problema es que para las familias las evaluaciones ya no alcanzan. La comunidad educativa realizó un abrazo simbólico, llevó el reclamo a la calle y exigió públicamente obras concretas. El mensaje que exhibieron durante las protestas fue directo: necesitan reparaciones y no una sucesión interminable de relevamientos.

En el Municipio que conduce Walter Cortés tampoco aparece, hasta ahora, una solución que haya destrabado el conflicto. El subsecretario de Cultura, Martín Iriarte, explicó ante el Concejo que la comuna estaría dispuesta a utilizar recursos municipales, pero sostuvo que necesita el aval provincial para intervenir sobre el establecimiento.

La discusión tiene, además, un componente económico. El proyecto 732-26, presentado en el Concejo Municipal, propone afectar recursos del Fondo Permanente para la Conservación del Patrimonio Cultural a la Escuela 16. La existencia de esa iniciativa consta en el registro oficial de proyectos del cuerpo deliberativo.

Durante la reunión apareció también otra controversia. Roxana Ferreyra cuestionó que existan recursos del fondo patrimonial sin ejecutar y recordó que ya durante 2025 se había solicitado un relevamiento de la escuela. La discusión con Iriarte terminó exponiendo otra parte del problema: mientras las administraciones debaten quién tiene competencia para hacer cada cosa, el deterioro del edificio continúa siendo una preocupación diaria para quienes mandan allí a sus hijos.

El Municipio argumenta que Provincia debe autorizar la intervención, mientras que desde el ámbito educativo sostienen que existen mecanismos para coordinarla. Entre una posición y otra, lo concreto es que las familias siguen reclamando una respuesta material.

La Escuela 16 tampoco es cualquier edificio. La construcción original data de 1930 y posteriormente fue ampliada en 1975. Los técnicos provinciales manejaron como hipótesis un asentamiento diferencial entre ambas estructuras para explicar algunas de las fisuras detectadas, aunque los estudios fueron planteados precisamente para determinar el origen con mayor precisión.

Mientras los organismos discuten informes, competencias y autorizaciones, quienes elevaron la presión fueron los propios padres. Primero presentaron notas, después participaron de reuniones, realizaron un abrazo simbólico y, finalmente, llevaron el reclamo a la calle.

La paradoja es difícil de esconder: Provincia sostiene que el edificio puede utilizarse y anuncia estudios y trabajos; el Municipio asegura tener recursos, pero plantea límites para intervenir; y las familias continúan preguntando cuándo llegarán las reparaciones que terminen con la incertidumbre.

Porque después de semanas de informes, inspecciones, notas y discusiones burocráticas, la comunidad educativa no está pidiendo otro expediente. Está reclamando algo bastante más sencillo: que los chicos puedan entrar a la Escuela 16 sin que sus padres tengan miedo de mandarlos.