La parálisis de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada pone en riesgo el trabajo de unos 60.000 vigiladores en la provincia de Buenos Aires. El organismo, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense, lleva más de diez días sin funcionar por un conflicto entre trabajadores de ATE y las autoridades del área.

La medida frenó la renovación de credenciales de los vigiladores, la habilitación de empresas, la homologación de cursos de capacitación y la emisión de las credenciales necesarias para tramitar la portación de armas ante el RENAR. Sin esa documentación, las empresas no pueden asignar personal a sus puestos sin violar la normativa.

Las cámaras del sector aseguran que todavía no hubo despidos masivos, pero algunas compañías ya empezaron a licenciar y suspender trabajadores. Mantener personal sin papeles en regla puede derivar en sanciones económicas millonarias.

La preocupación también alcanza a la seguridad de comercios, industrias, bancos y barrios privados. Si la parálisis continúa, podría haber menos vigilancia y puestos descubiertos que hoy cumplen una función preventiva.

La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), el gremio de los vigiladores, intentó acercar posiciones, pero hasta ahora no hubo acuerdo. El sector recuerda que la Ley de Modernización Laboral considera a la seguridad privada como una actividad esencial, y reclama que el Estado garantice los trámites para poder cumplir con sus obligaciones.