La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un nuevo capítulo en la causa conocida como "La ruta del dinero K", tras la decisión de la Cámara Federal de revocar su sobreseimiento previo. Esta investigación, que terminó cona la condena de figuras clave como el empresario Lázaro Báez y el arrepentido Leo Fariña, toma un nuevo giro con la aceptación de una solicitud de la ONG Bases Republicanas como querellante en el caso.

La decisión de reabrir la investigación se tomó por dos votos a uno, dividiendo la Cámara Federal. Mientras el juez Eduardo Farah se opuso al planteo, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi respaldaron la solicitud de la asociación civil vinculada al macrismo. Aunque no declararon la nulidad del dictamen del fiscal Marijuan del 24 de mayo pasado, instaron al juez a considerar al nuevo querellante como acusador.

La posibilidad de la reapertura del caso se vislumbró cuando la misma Cámara Federal aceptó a Bases Republicanas como querellante el 17 de agosto. La defensa de Fernández de Kirchner alega persecución política y solicitó la recusación de los jueces Bertuzzi y Llorens, quienes admitieron al nuevo acusador. Sin embargo, Farah rechazó apartarlos, argumentando que no se cumplían las condiciones para ello.

"La ruta del dinero K" se inició en abril de 2013, resultando en la condena de Lázaro Báez y otros 17 imputados por lavado de dinero en un juicio que confirmó las condenas en Casación. Aunque el origen ilícito del dinero fue ratificado por solo un voto, la fase de instrucción contra Fernández de Kirchner continuó. A pesar de ser llamada a declarar, no fue procesada, y el juez Casanello dictó su falta de mérito en marzo de 2019, ordenando profundizar las investigaciones.

La defensa buscó el sobreseimiento en 2022, retirando el planteo ante la previsión de una respuesta negativa de la Cámara Federal. La vicepresidenta afirmó no tener vinculación directa ni indirecta con las maniobras y denunció el proceso como un intento de denostar su figura por opositores políticos.

El fiscal Marijuan, quien impulsó la causa durante una década, sostuvo en mayo pasado su convicción sobre la estrecha relación entre Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. Aunque afirmó que el fallo de Casación debilitó su hipótesis, solicitó el sobreseimiento de la vicepresidenta.

Ante este pedido, Bases Republicanas se incorporó como querellante, argumentando que Báez actuó como testaferro por cuenta y orden de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Aunque inicialmente rechazada, la Cámara Federal finalmente aceptó la participación de la entidad, marcando el inicio de una nueva fase de investigación que persistirá incluso después de que Fernández de Kirchner deje su función pública el 10 de diciembre.