Un enfrentamiento entre los municipios de Moreno y General Rodríguez, desatado por una jornada de militancia con maquinaria pública en territorio ajeno, derivó en un operativo de alta tensión, camiones secuestrados y una causa penal en curso que expone las divisiones internas del kirchnerismo y el Movimiento Evita.

El incidente tuvo como epicentro una intervención encabezada por María Giménez, secretaria de Obras Públicas del municipio de Moreno y cuñada de la intendenta Mariel Fernández. Giménez lideró una jornada de militancia en el barrio San Pedro de General Rodríguez que incluyó el arreglo de calles con maquinaria pesada, una acción que fue interpretada por las autoridades del distrito vecino como una obra invasiva y una injerencia inaceptable en su territorio.

Según fuentes comunales, Giménez actuó por cuenta propia, en calidad de militante, vecina de General Rodríguez y referente local del Movimiento Evita. La propia intendenta Fernández, según trascendió desde su entorno, no estaba al tanto de la iniciativa y se habría molestado significativamente al enterarse. Giménez, por su parte, defendió la actividad como una jornada solidaria con los vecinos y negó que las máquinas pertenecieran necesariamente al municipio de Moreno.

La situación escaló cuando personal de Tránsito de General Rodríguez interceptó dos camiones vinculados con la actividad. Los vehículos fueron secuestrados por graves irregularidades: falta de documentación, ausencia de patente delantera, choferes sin la habilitación correspondiente y otros incumplimientos formales. Uno de los camiones pertenecía presuntamente al municipio de Moreno.

Lo que siguió fue un operativo de alta tensión. Un grupo de personas vinculadas a Moreno irrumpió en el playón de secuestros para recuperar uno de los camiones por la fuerza. Durante el episodio se registraron agresiones físicas contra inspectores de Tránsito; uno de ellos resultó herido en el rostro. También hubo persecuciones, embestidas contra vehículos oficiales y denuncias sobre una patota que intentó llevarse la maquinaria. El hecho quedó bajo investigación judicial.

El incidente derivó en una causa penal radicada en la UFI Número 10 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Gabriela Urrutia. La carátula inicial incluye los delitos de lesiones leves y desobediencia o resistencia a la autoridad, aunque podría agravarse a robo o robo agravado por ser cometido en banda y en poblado si se comprueba que el secuestro administrativo del camión ya estaba consumado y el vehículo se encontraba bajo custodia oficial cuando fue sustraído por la fuerza.

También se investigan posibles violaciones de sellos, daños y otras conductas vinculadas al denominado operativo comando para recuperar el camión. Entre las personas mencionadas públicamente en el marco de la causa figuran Aldo Alfredo Cuello, conductor del camión principal; José Luis Barreiro, jefe de Guardaparques de Moreno; y Natalia Sosa, subsecretaria de Legal y Técnica del municipio de Moreno, además de otros empleados o militantes del Movimiento Evita.

Hasta febrero y marzo de 2026, la investigación permanecía en plena etapa de instrucción, con la recolección de testimonios, videos de cámaras de monitoreo y otras pruebas. No se reportaron avances significativos ni resoluciones definitivas en las fuentes consultadas. María Giménez, si bien es señalada políticamente como responsable de las actividades en General Rodríguez, no aparece como imputada directa en las denuncias penales reportadas públicamente.

En paralelo, se desarrolló un procedimiento administrativo en el Juzgado de Faltas de General Rodríguez, donde se ordenó la devolución del camión tras el pago de una multa millonaria estimada entre 3,5 y 6 millones de pesos, según distintos reportes. El municipio de Moreno apeló la medida y logró recuperar el vehículo.

El conflicto, lejos de apaciguarse, cobra nuevas dimensiones políticas cada semana. En el entorno de la intendenta Fernández circula la versión de que la dirigente no solo aspira a consolidar su influencia en General Rodríguez, sino que también proyecta un salto de escala hacia la provincia de Buenos Aires. De concretarse, Fernández competiría por la gobernación en 2027 en una pulseada feroz entre intendentes peronistas que buscan suceder a Axel Kicillof, una ambición que tensaría aún más la relación con Mauro García, intendente de General Rodríguez.

El episodio expone con crudeza las disputas territoriales dentro del kirchnerismo bonaerense y del Movimiento Evita entre intendentes y dirigentes. La oposición, el bloque de concejales de La Libertad Avanza de Moreno y, en especial, Ramón "Nene" Vera se frotan las manos frente a la interna, aprovechando el escándalo para exigir la renuncia de María Giménez, acusándola de utilizar recursos públicos con fines partidarios y de valerse de su vínculo familiar con la intendenta para actuar con impunidad.

En las redes sociales, especialmente en una cuenta opositora de Facebook llamada "No Te Regales", vinculada al concejal de La Libertad Avanza de Moreno, Daniel Chávez, circularon videos críticos que muestran imágenes del operativo de Tránsito, los camiones secuestrados y el momento de la recuperación. La narración acusa a Giménez de haber cometido una avivada, de utilizar recursos de Moreno para hacer campaña política en General Rodríguez y de provocar un papelón institucional.

Los comentarios en esas publicaciones reflejan un clima mayoritariamente de enojo. Frases como: "Usó la plata de Moreno, que se haga cargo; invasora, renuncia ya", se repiten entre los usuarios. También aparecen mensajes como: "Vecinos de General Rodríguez se quejan de que no arreglan nada acá y cuestionan la presencia de militantes de otro distrito". El vínculo familiar con Mariel Fernández también fue objeto de críticas: "Todo queda en familia", señalan. Solo una minoría de la militancia rentada defendió la acción como una ayuda solidaria o una expresión genuina de militancia barrial.

Algunos analistas políticos locales interpretan la iniciativa de Giménez como un posicionamiento de cara a las elecciones de 2027, una maniobra para construir imagen en un distrito vecino que le permitiera proyectarse más allá de Moreno. Sin embargo, la estrategia parece haberse convertido en un boomerang que complica no solo su propia figura, sino también la gestión de su cuñada, quien se desmarcó públicamente del episodio.

El conflicto, de bajo perfil a nivel nacional pero de alta resonancia local, deja al descubierto una realidad frecuente en la política bonaerense: las fronteras municipales no siempre detienen las ambiciones territoriales y, cuando esos intereses chocan con la institucionalidad, el resultado suele terminar judicializado. La causa sigue activa y podría registrar novedades a medida que avance el análisis de las pruebas recopiladas, especialmente de los registros fílmicos y las declaraciones de los involucrados.