Una investigación judicial sacude al negocio inmobiliario de La Plata tras una serie de allanamientos vinculados a la presunta comercialización de terrenos en zonas donde no está permitido lotear.

La causa apunta a desarrolladores, inmobiliarias y escribanías que habrían participado en la venta de parcelas sin las habilitaciones correspondientes, en lo que la Justicia sospecha podría constituir una maniobra de urbanización irregular.

El expediente tomó impulso en las últimas horas con más de una quincena de allanamientos ordenados por la Justicia en distintos domicilios y oficinas vinculadas a la actividad inmobiliaria. Los operativos se realizaron en el marco de una investigación que busca determinar responsabilidades en la venta de lotes ubicados principalmente en áreas rurales o productivas del partido de La Plata, donde la normativa urbanística prohíbe o limita este tipo de subdivisiones.

Según se investiga, los terrenos habrían sido ofrecidos a través de inmobiliarias, plataformas digitales y redes sociales, en muchos casos promocionados como oportunidades de inversión o como futuros barrios privados. Sin embargo, las parcelas carecerían de las aprobaciones municipales y provinciales necesarias para su desarrollo urbano, lo que podría dejar a los compradores en una situación de gran incertidumbre jurídica.

Entre los nombres que aparecen en el radar judicial figura el del empresario Francisco Vila Basualdo, vinculado al grupo empresarial Delsud y a distintos emprendimientos inmobiliarios en la región. De acuerdo con lo que surge de la investigación, algunos de los desarrollos bajo sospecha habrían sido promovidos o comercializados por firmas relacionadas con su entorno empresarial.

Las sospechas se centran en la posible conformación de un circuito que incluiría desarrolladores, intermediarios inmobiliarios y profesionales del ámbito legal, que habrían participado en la confección de documentación y contratos para la venta de los terrenos. En ese contexto, los allanamientos buscaron secuestrar documentación, registros comerciales y dispositivos electrónicos que permitan reconstruir cómo se estructuraron las operaciones.

La causa se inició a partir de denuncias vinculadas a la proliferación de loteos en zonas que el ordenamiento territorial del municipio considera rurales o destinadas a la actividad hortícola. Estas áreas, especialmente en sectores como El Rincón y otros cinturones productivos del partido, vienen siendo objeto de presión inmobiliaria desde hace varios años.

Desde el municipio platense sostienen que la venta de parcelas en esos sectores genera conflictos urbanísticos y ambientales, además de problemas para los compradores que adquieren terrenos que no cuentan con servicios básicos ni posibilidades de escrituración inmediata.

La investigación judicial ahora busca determinar si las operaciones constituyeron simples infracciones urbanísticas o si existió una maniobra más compleja que podría derivar en imputaciones por estafa, publicidad engañosa u otros delitos vinculados a la comercialización irregular de tierras.

Mientras tanto, el avance de los allanamientos y el análisis de la documentación secuestrada podrían arrojar nuevas derivaciones en una causa que promete tener impacto en el negocio inmobiliario de la capital bonaerense y que ya puso en el centro de la escena a empresarios, intermediarios y operadores del sector.