Abrió sus puertas en 1971 con la asociación de los médicos Pedro Pizzuli, Hugo Di Cápua, Jorge Gandolfo, Roberto Pezzoni y Emilio La Greca en pleno centro de Pilar, y desde el 18 de marzo del 2013 carece de habilitación para funcionar como "Establecimiento Polivalentes con Internación y Prestación Quirúrgica Categoría 3".

Esto, según un informe del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires (que obra en nuestro poder) que desde esa misma fecha viene intimando a los directivos de la clínica Nuestra Señora de Fátima para que regularicen la situación, lo que, obviamente, todavía no ocurrió.

De todos modos, la falta de habilitación no parece inquietar demasiado a sus responsables; inclusive en 2018 concretó la ampliación de sus instalaciones con un edificio de cuatro plantas, adyacente a la clínica, destinado a consultorios externos, la ampliación de la capacidad de terapia intensiva y la incorporación de equipos de resonancias y tomografías.

Lo mismo podría decirse del Estado Municipal, que si bien no tiene poder de policía, jamás hizo por informar de estas irregularidades a los organismos pertinentes; al contrario, la actividad política de uno de sus dueños, Emilio "Tonito" La Greca (ex presidente y hombre fuerte del radicalismo local) le significó no pocos beneficios.

Sus aceitados vínculos con el poder de turno permitió a su empresa atravesar al menos tres administraciones (Zúccaro, Ducoté y ahora De Achával) sin recibir molestas inspecciones y, mucho menos, inoportunos llamados de atención por diferentes circunstancias que describiremos más adelante.

"Tonito", además y por su generosidad a la hora de pautar, cuenta a su favor con parte de la prensa local, dedicada a reflejar sus aciertos y disimular sus errores. El problema reside en que los "errores" de su clínica significan una vida de dolores y discapacidades o, lisa y llanamente, la muerte.

Otro campeón en materia de indiferencia institucional es el Concejo Deliberante, cuya principal misión en el contexto estatal es el control. No lo hace con el Ejecutivo ni con ningún otro protagonista social, lo que sólo aumenta su descrédito ante la opinión pública. De hecho, y en el caso que nos ocupa, sus integrantes aprobaron (y celebraron) las obras de ampliación de la clínica, convencidos de la necesidad de crecimiento de "una empresa pilarense".

Levantaron la mano y felicitaron a "Tonito", todo al mismo tiempo. Por supuesto, a su Comisión de Salud, jamás se le ocurrió pedirle los papeles o averiguar qué pasaba puertas adentro.

Por otra parte y a los que aparentemente tampoco les importa la situación de la Fátima es a la gran cantidad de obras sociales y prepagas (que no son baratas) que envían a sus asociados al establecimiento sin verificar siquiera su status legal.

Desde el PAMI a OSECAC, pasando por Galeno y Swiss Medical, hasta el IOMA y Austral Salud, la mayoría de esas organizaciones cuenta con la clínica de La Greca para atender sus padecimientos. Quizás desconozcan que cualquier problema generado en ese centro asistencial también los hace responsables de cara a sus afiliados.

El caso testigo de Katerina Azor

Tuvo que ser la muerte de una adolescente de apenas 19 años la que disparara todas las alarmas respecto a la clínica Fátima. Katerina Azor murió el último día del 2021, después de padecer un calvario entre médicos que le recetaban cualquier cosa, el fastidio de las enfermeras por sus quejas, y un procedimiento quirúrgico que nada tuvo que ver con lo que realmente la aquejaba.

Su lamentable final estuvo relacionado con una infección causada por una peritonitis, aunque antes fue diagnosticada con anginas (¿?), apendicitis, hepatitis y hasta embarazo.

Frente a la muerte de la jovencita, su madre, Roxana D'Angelo, decidió iniciar una cruzada por justicia, y con el patrocinio letrado de la doctora Macarena Zarza buscan llevar al banquillo a los responsables del injusto final de Katerina.

Y es aquí donde comienza a aparecer una intrincada trama de relaciones entre la política, la justicia, y la empresa, ya que mientras la madre brega sin descanso por su único objetivo, los obstáculos se suceden uno tras otro. Desde la instrucción fiscal (Camafreitas) que amenaza con cerrar la causa sin siquiera haber citado ni a los familiares de la joven, ni a los testigos, ni a los médicos involucrados, ni a los peritos que confirmaron la mala praxis en Katerina, a la dirigencia política que ignora prolijamente los desesperados reclamos de Roxana.

Todos prefieren mirar para otro lado sin reparar en que si bien esta víctima tiene nombre y apellido, hay varias más que no tienen la misma visibilidad ni las mismas posibilidades al momento de exigir justicia.

Salvo los periodistas, claro, a los que internet mediante y una navegación de un par de horas por la red les bastó para dar con más de veinte causas por mala praxis abiertas contra los médicos de la Fátima, incluso contra el propio La Greca. Hay, además, hasta una investigación por sustitución de identidad, con unos bebés que fueron cambiados al nacer.

Cabe apuntar que la gran mayoría de las acusaciones contra el accionar de la clínica Fátima fueron desestimadas al concretarse un acuerdo económico entre el centro asistencial y las víctimas o sus familiares, por lo que no aparecen demasiados antecedentes que permitan apuntalar con mayor solidez la demanda de la mamá de Kate.

De todos modos, un buen punto de partida para el fiscal interviniente podría ser el libramiento de oficios a los Juzgados de Zárate-Campana, y a la Dirección Provincial de Coordinación y Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, entre otros organismos, y, quién sabe, por ahí descubre antecedentes que le servirían bastante para avanzar en este expediente.

Desde Escobar, en tanto, idénticas denuncias se habrían iniciado en la clínica homónima, la que, como su hermana de Pilar, tampoco contaría con la correspondiente habilitación.