El pasado 29 de abril, un joven oriundo de Santa Clara del Mar vivió una experiencia que derivó en una causa federal contra su persona.

Según los datos aportados por una fuente anónima que accedió a relatar lo ocurrido, su motocicleta fue retenida por personal de Tránsito de Mar del Plata al constatar que circulaba con una licencia de conducir "trucha".

Según el relato, el muchacho había acudido al ente descentralizado "El Gaucho", dependiente del Municipio de General Pueyrredon (MGP), para retirar la documentación que le permitiera volver a trabajar sin perder una jornada.

Allí, un inspector de Tránsito (quien no responde públicamente por su nombre) le ofreció gestionar la licencia de manera exprés a cambio de dinero en efectivo.

"Me dejé llevar y pagué para no volver a rendir el examen", confesó el joven. Pocos días después, al intentar retirar su moto, las autoridades descubrieron la falsedad de la credencial y procedieron al secuestro.

"Ese mismo empleado me estafó", aseguró la fuente. "Me robó la plata de la trucha, y encima tuve que pagar otra vez para retirar la moto de Tránsito".

Según pudo reconstruir la denuncia, el funcionario acusado habría vendido licencias falsas también a la madre y a la hermana del joven, repitiendo el mismo procedimiento: cobro en efectivo, documentos apócrifos y promesas de gestión rápida.

El hecho, de trascendencia local, escaló a la Justicia Federal por tratarse de documentación adulterada y presunta defraudación al Estado. La causa ya está en manos del Juzgado Federal de Mar del Plata, donde se investigan tanto al denunciante como al presunto autor del delito de defraudación y uso de documentos falsos.

Fuentes judiciales advierten que este no es un caso aislado: en los últimos meses se incrementaron las denuncias por licencias truchas en distintos puntos de la provincia.

La oferta de "gestión rápida" a cambio de dinero en efectivo se ha convertido en un modus operandi recurrente, especialmente cuando los interesados no pueden perder jornadas laborales y prefieren pagar para evitar la espera de un trámite oficial.

Mientras tanto, el joven de Santa Clara del Mar aguarda el avance de la causa y, en paralelo, evalúa la posibilidad de iniciar una demanda civil contra el empleado municipal que lo estafó. Su propósito es recuperar el monto pagado y exigir sanciones ejemplares que desalienten este tipo de irregularidades en el acceso a documentos oficiales.

Este episodio pone en evidencia la vulnerabilidad de los peatones y motociclistas que, por falta de tiempo o desconocimiento, terminan recurriendo a atajos ilegales para obtener sus licencias.

El caso también dispara cuestionamientos sobre los controles internos en las dependencias de tránsito del Municipio de General Pueyrredón y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión para evitar que funcionarios corruptos aprovechen el desconcierto de los usuarios.