Una denuncia penal por el robo de la histórica máquina de imprenta del diario El Censor, medio crítico de la gestión local, puso bajo la lupa al intendente de Bragado, Sergio Barenghi, de Unión por la Patria, luego de que testigos afirmaran haber visto la maquinaria de dos toneladas mientras era trasladada en un camión municipal, un hecho que, según lo denunciado, solo podría explicarse con la participación de empleados del municipio.

La causa, radicada bajo el expediente PP 09-00-014873-26/00, con intervención de la UFI N° 4 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, investiga la sustracción de una máquina Invicta 26s Societá Nebbiolo Torino que pertenece al diario fundado en 1909 y que quedó en el garaje de un inmueble de calle Brown al 200 tras el traslado de la redacción. El 11 de julio de 2026 se entregó el inmueble y, cuatro días después, se envió una carta documento reclamando el retiro del bien, planteo rechazado desde el entorno del diario al considerar que faltaban condiciones técnicas y de seguridad. Días más tarde, la máquina desapareció.

El elemento que pone el foco sobre la comuna es el aporte de testigos que aseguran haber visto a empleados municipales, incluido personal de tránsito, cargando la imprenta en un camión del municipio. No cualquiera dispone de ese tipo de logística para mover una pieza de dos toneladas: se requieren vehículos y operarios que, en Bragado, responden al Ejecutivo local. La denuncia señala, además, como involucrado al oficial Jonathan Luna, de la Policía Bonaerense, quien alquilaba de manera informal el local, y registra visitas suyas recientes a testigos que fueron percibidas como intimidatorias.

El contexto político agrava la situación de Barenghi. El Censor, con 117 años de historia y un edificio que forma parte del inventario patrimonial municipal, viene desarrollando una línea periodística de fuerte cuestionamiento a la gestión pública y a posibles hechos de corrupción política local. Que la maquinaria histórica del medio haya sido el bien sustraído no prueba una orden superior, pero plantea una pregunta que el intendente kirchnerista deberá responder: ¿quién ordenó usar recursos municipales para desmontar la imprenta de un medio opositor y por qué la Fiscalía aún no dispuso la devolución del bien?

Al cierre de esta edición, no existe imputación formal contra Barenghi ni contra funcionarios de su gabinete, y la hipótesis de un entramado político-policial solo podrá sostenerse si la investigación confirma vínculos o actuaciones coordinadas. Según las fuentes consultadas, la Municipalidad de Bragado se abstuvo de responder sobre el hecho. Lo que está en juego, sin embargo, trasciende el destino de una máquina: en un distrito gobernado por el kirchnerismo, la posibilidad de que efectivos policiales y recursos del Estado local hayan sido utilizados contra un medio crítico configuraría, de confirmarse, un grave atropello a la libertad de prensa. La Justicia deberá investigar hasta el fondo y determinar qué funcionarios y empleados resultan responsables del hecho investigado.