La causa por contaminación en el puerto de Mar del Plata sumó un nuevo movimiento judicial. El Juzgado Federal número 1, a cargo de Santiago Inchausti, solicitó información al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires sobre los controles realizados a la firma Agustiner, luego de que se informara que no cuenta con trámite de LEGA abierto.

El requerimiento se dio en el marco del expediente FMP 12014951/2002, vinculado a presuntas infracciones a la ley de residuos peligrosos. La medida apunta a determinar qué actuaciones se llevaron adelante y cuáles fueron las resoluciones adoptadas por el organismo provincial frente a esa situación.

El foco vuelve a ponerse sobre el funcionamiento de las harineras del puerto, señaladas desde hace años por vecinos, comerciantes y turistas por las emanaciones que afectan distintos barrios de la ciudad. El problema no es nuevo y se sostiene en el tiempo entre denuncias, controles cuestionados y promesas de solución que no lograron modificar el escenario.

Uno de los puntos centrales de la discusión es el volumen de residuos que genera la actividad pesquera, estimado en unas 500 toneladas diarias, que son procesadas por estas plantas. La clave, según coinciden distintos informes, no pasa por la existencia de la actividad sino por cómo se realiza el tratamiento y qué controles se aplican.

En ese contexto, también aparece el rol del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, señalado en distintos planteos como actor clave en la supervisión del funcionamiento del sector. La discusión sobre responsabilidades y controles vuelve a quedar en el centro.

La intervención judicial busca ordenar un escenario marcado por reclamos históricos y falta de respuestas estructurales. Mientras tanto, el conflicto ambiental sigue abierto y con impacto directo en la vida cotidiana de la ciudad.