El centro de la discusión es el artículo 7 de la ley 23.928, que impide cualquier mecanismo de actualización o indexación por inflación. La empresa sostiene que aplicar esta prohibición en un contexto inflacionario extremo implica la pérdida total de valor real de la indemnización, mientras que diversos especialistas cuestionan que dicha norma siga vigente sin matices, afectando derechos patrimoniales.

El TSJ porteño deberá decidir si la prohibición es constitucional o no, un fallo que podría reconfigurar el clima jurídico para contratos, juicios comerciales y resarcimientos dentro de la Ciudad.

Las implicancias son amplias: sectores del empresariado y del ámbito jurídico plantean que declarar la inconstitucionalidad enviaría un mensaje positivo a inversores, aportaría previsibilidad y evitaría que las indemnizaciones se desvirtúen con el paso del tiempo.

En cambio, si el Tribunal la mantiene vigente, CABA quedaría en desventaja respecto a la Provincia de Buenos Aires, donde la Suprema Corte bonaerense ya declaró inconstitucional el mismo artículo en el caso Barrios.

También existen otros antecedentes, como la causa Villaruel contenidos c/ TELEFE, que se vienen utilizando como referencia para analizar el tema.

Por la relevancia institucional del fallo, la decisión del TSJ podría incluso derivar en la intervención de la Corte Suprema de la Nación para unificar criterios entre jurisdicciones.