Una agente de la Policía de la provincia de Buenos Aires, identificada como Jennifer Barrera, denunció haber sido víctima de violencia institucional, hostigamiento físico y abuso sexual dentro de la Unidad Penitenciaria número 13 de Junín, en el marco de un conflicto vinculado a un traslado laboral.

La presentación fue realizada mediante una nota formal dirigida a distintas áreas del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre ellas la Junta Médica Superior, Recursos Humanos, la Dirección de Evaluación y Desarrollo de Personal y el Departamento de Perspectiva de Género y Masculinidades.

Según relató Barrera en el documento fechado el 3 de marzo de 2026, desde el área asistencial del organismo se le había indicado que debía presentarse en la unidad con la garantía de que se respetarían sus restricciones médicas, mientras se tramitaba un recurso contra el traslado.

Sin embargo, la agente sostiene que esas condiciones no se cumplieron y que, al intentar continuar con el trámite administrativo para suspender el traslado, se le negó la posibilidad de avanzar con el procedimiento tras la intervención de autoridades de la unidad.

En ese contexto, Barrera denunció haber sido víctima de actos de violencia institucional y personal, incluyendo hostigamiento físico y abuso sexual presuntamente por parte de personal del propio servicio penitenciario.

La agente también cuestionó el rol de las áreas internas que, según explicó, tienen la obligación de asistir y resguardar a las trabajadoras. En su denuncia aseguró que no recibió ningún tipo de acompañamiento ni protección institucional.

“Las unidades que tienen la obligación de asistir y resguardar a las trabajadoras no me brindaron ningún tipo de acompañamiento ni protección. Por el contrario, respaldaron al jefe y permitieron que se me violentara”, expresó en la presentación.

Barrera sostuvo además que más de cuarenta personas se encontraban presentes en el lugar cuando ocurrieron los hechos y que ninguna intervino para evitar la agresión.

Según indicó, todo lo ocurrido habría quedado registrado mediante comunicaciones con el Departamento Asistencial, registros administrativos y videos de lo sucedido dentro de la unidad.

La denunciante también afirmó que no sería la primera vez que atraviesa situaciones de violencia dentro de la institución, lo que, a su entender, evidencia un patrón de desprotección.

“Esta reiteración confirma un patrón de desamparo y vulneración sistemática de mis derechos”, señaló.

De acuerdo con lo informado, la denuncia ya fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde el caso quedó caratulado como violencia de género y abuso sexual.

En el documento, Barrera solicitó formalmente que las autoridades del sistema penitenciario tomen conocimiento de los hechos, resguarden su situación médica y laboral, y evalúen las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento no se difundieron respuestas oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense respecto de la denuncia.