Un informe elaborado por el activista Ignacio Zavaleta puso el foco sobre el destino de los impuestos que pagan los argentinos al cargar combustible y advirtió sobre la diferencia entre la recaudación estimada y los fondos que finalmente quedarían para infraestructura vial. Según el documento, la recaudación nacional por ICL, CO₂ y Tasa Hídrica alcanzaría los 4,23 billones de pesos.

El análisis sostiene que, de acuerdo con el esquema legal considerado, el presupuesto teórico para rutas sería de aproximadamente 1,48 billones de pesos. El documento cuestiona además la ejecución de esos recursos y plantea que existe una fuerte distancia entre lo recaudado mediante los combustibles y las inversiones que reciben las rutas.

El informe explica que el 28,58 por ciento de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos ingresa inicialmente al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. De ese fondo se descuenta una reserva de liquidez del 1,5 por ciento y posteriormente se divide el saldo en partes iguales, con un 50 por ciento destinado al Sistema Vial Integrado, utilizado para financiar a la Dirección Nacional de Vialidad.

El planteo aparece acompañado por un cuestionamiento al estado de la infraestructura y al cobro de peajes en corredores deteriorados. En otro documento, Zavaleta sostiene que una reducción del 50 por ciento en el peaje de la Ruta Nacional 3 no resuelve el problema si no existe una contraprestación adecuada en mantenimiento, transitabilidad y seguridad.

“El 50 por ciento de un servicio inexistente sigue siendo el 50 por ciento de nada”, señala el texto, que reclama información sobre las obras ejecutadas, el mantenimiento preventivo y la relación entre el dinero cobrado y lo efectivamente invertido.

El eje del reclamo apunta así a discutir no solamente cuánto pagan los automovilistas, sino qué reciben a cambio. El documento exige rutas seguras y transitables y cuestiona que una rebaja del peaje pueda presentarse como solución mientras persistan los problemas de infraestructura.