Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, encabezaron una conferencia de prensa en Casa Rosada donde denunciaron una red de trata que operaba mediante planes sociales en la provincia de Chaco.

Junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, los ministros brindaron una rueda de prensa en el Salón de Conferencias de la Casa Rosada, donde explicaron que la red que funcionaba en la provincia estaba “comandada por un dirigente piquetero que prostituía mujeres a cambio de otorgar y administrar sus planes sociales”.

La investigación llevada a cabo señaló a un dirigente piquetero que lideraba esta red, utilizando los planes sociales como medio de coerción para prostituir a mujeres. Según se informó, el intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a participar en marchas políticas y sustraía parte del dinero proporcionado por el Gobierno.

“Estas prácticas extorsivas no tienen más lugar en este Gobierno. No más intermediarios”, sostuvieron los ministros del Gobierno luego de anunciar que el acusado se encuentra bajo custodia policial.

“En esta nueva Argentina no habrá más lugar para intermediarios que se aprovechen de los más vulnerables”, destacaron los presentes en el encuentro. También participaron de la rueda de prensa el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich y el diputado provincial Ivan Gyöker.

A lo largo de la conferencia, Bullrich ahondó en la necesidad de liberar a los ciudadanos “de aquellos que los explotan como seres humanos”; por ejemplo, forzándolos o incitándolos a ir a las marchas que violan el protocolo antipiquetes.

“Si llevan criaturas a las marchas, les dan un bono extra”, indicó junto a Cúneo Libarona, que anunció: “Vamos a proponer nuevos delitos y el incremento de las penas para que se sancionen con proporcionalidad y mano justa estos delitos tan aberrantes”.

En la conferencia se expuso un caso de Chaco, de líderes de movimientos sociales que -relataron los funcionarios- forzaban a quienes recibían planes a diferentes conductas, que iban desde asistir a marchas hasta prostituirse.

Bajo este contexto, Bullrich señaló que la Línea 134 registró más de 80 mil llamadas desde su habilitación, de las cuales más de 5 mil fueron denuncian vinculados a la quita de planes sociales por no asistir a movilizaciones y a extorsiones vinculadas a la pérdida de estos.

Según precisaron desde la cartera de Seguridad, las denuncias ya judicializadas avanzan hacia una resolución. “Es un trabajo en conjunto de todas las áreas del Gobierno Nacional proteger a los beneficiarios de amenazas y extorsiones, buscando erradicar la intermediación como moneda de intercambio”, señalaron.