Tres inspectoras del Departamento de Tránsito municipal denunciaron recientemente haber sido víctimas de acoso sexual, maltrato laboral y presiones institucionales para silenciar los hechos.

Las acusaciones apuntan a altos mandos de la dependencia, incluidos jefes de turno, encargados de servicio, delegados gremiales y al propio director general del área.

Según los testimonios reunidos, el primer caso involucra a la inspectora Mónica Gómez, motorista del turno tarde, quien habría sido manoseada por el jefe de turno Néstor Gómez.

Al manifestar su intención de denunciarlo, fue presionada por el jefe de la dependencia, Juan Hernández, quien ya acumularía antecedentes por amenazas, abuso de autoridad, y encubrimiento en maniobras irregulares vinculadas al cobro de horas extras.

También participaron de las presiones los delegados gremiales, quienes finalmente gestionaron su pase al turno mañana como una forma de silenciar la denuncia.

El segundo hecho denunciado afecta a la inspectora Micaela Castro, del turno intermedio, quien señaló como agresor al encargado de servicio y segundo al mando del turno tarde, Jorge Partesano.

Al igual que en el caso anterior, la denuncia fue desalentada por Hernández y los delegados gremiales. En compensación, la trabajadora habría recibido asignación de horas extras en días franco en el servicio Coto.

El tercer caso también involucra a Jorge Partesano, acusado de haber insultado y descalificado en forma violenta a la inspectora Julieta Ríos, del turno tarde, luego de una discusión por su asignación de tareas. Nuevamente, las autoridades optaron por el silencio institucional.

En todos los casos, las trabajadoras coinciden en señalar que el encubrimiento de los hechos incluyó a la máxima autoridad del área, Alejandro Volpe, director general, quien habría sido informado de los sucesos sin haber tomado medidas al respecto.

Las víctimas remarcan que la jefatura decidió proteger a los acusados, evitando cualquier acción disciplinaria.

Estas denuncias exponen un preocupante entramado de impunidad y abuso de poder dentro del Departamento de Tránsito, donde las víctimas no sólo fueron agredidas, sino también revictimizadas por quienes debían garantizar su seguridad.